El costo de la colegiatura para los estudiantes indocumentados podría incrementar a más del doble si los proyectos de ley HB 413 y SB 576 son aprobados en la 86a Legislatura de Texas.
“Una persona que no está autorizada por el estatuto federal para estar presente en los Estados Unidos no puede ser considerada residente de este estado a efectos del presente título”, el proyecto de ley menciona.
Si son aprobados durante la sesión legislativa, estos proyectos de ley obligarían a los estudiantes indocumentados en Texas a pagar una colegiatura como estudiante no residente, la cual es considerablemente más costosa que la colegiatura para residentes.
Actualmente, el costo de la colegiatura en UTRGV para el año académico 2018-2019 es de $3,906.56 dólares por 12 horas por semestre. Mientras tanto, la colegiatura para un estudiante no residente es de $8,886.56.
Sylvia Gonzalez-Gorman, una profesora de ciencia política, dijo que habrá consecuencias económicas si se aprueba cualquiera de estos proyectos de ley.
“Será interesante ver si realmente lo aprueban, porque ha habido bastante oposición en ambos proyectos de ley”, dijo Gonzalez-Gorman. “La gente se está dando cuenta que estos estudiantes que son admisibles para la colegiatura de residente, ellos generan ingresos para el estado de Texas cada año”.
Ella dijo que ha habido estudios donde se comprueba que el estado podría perder cerca de $400 millones de dólares en actividad económica si se obliga a los estudiantes a cumplir con estos nuevos requisitos para la residencia.
“Sabemos que los estudiantes que se gradúan con una licenciatura tienen un potencial de ingresos más alto”, Gonzalez dijo.
Este tipo de universitarios tienen 60 por ciento más potencial de ingresos que aquellos que no asisten a la universidad, ella dijo.
En una declaración enviada a The Rider el 7 de marzo, el representante de Estado Alex Dominguez (D-Brownsville) dijo que cualquier ley que obligue a los estudiantes a pagar su colegiatura como no residentes afectará a los universitarios.
“La mayoría de los estudiantes probablemente no podrán pagar las cuotas de una colegiatura para no residentes”, Dominguez escribió en su declaración. “Por lo tanto, las universidades locales … sufrirán, ya que perderían a estos estudiantes quienes no reciben ayuda financiera federal, y así, reducirían la cantidad de ingresos que estas escuelas y universidades usan para pagar al profesorado y al personal, y financiar proyectos”.
Actualmente, la Sección 54.052 del Código de Educación les permite a las instituciones de educación superior asignar el estado de residente a una persona que obtuvo un diploma de una preparatoria pública o privada en el estado de Texas o equivalente, sin importar su situación migratoria.
De acuerdo con esta sección, una persona con un diploma de preparatoria quien residió continuamente en Texas también puede ser clasificada como un estudiante residente, siempre y cuando haya residido en Texas por
–los tres años precedentes a la fecha de graduación o otorgamiento del diploma equivalente;
— y el año precedente a la fecha del censo del curso académico en el que la persona se inscribió en una institución de educación superior.
Sin embargo, el HB 413 y el SB 576 también planea modificar la Sección 54.052 por medio de la cancelación de estas dos disposiciones. Esto significa que un diploma de preparatoria dejará de ser un factor en la determinación del estado de residencia para estudiantes en el estado de Texas.
Además, SB 576 incluye una nueva opción para las instituciones de educación superior que les permitiría solicitar información adicional para comprobar el estado de residencia de los estudiantes.
Al preguntarle de que manera estos proyectos de ley HB 413 y SB 576 afectarán a UTRGV, Gonzalez-Gorman contestó, “Le afectaría bastante, ya que los estudiantes que están aquí sin documentación tendrán que pagar la colegiatura de no residentes. … Eso significaría un gran descenso en inscripciones … en UTRGV”.
Acerca del impacto que estos proyectos de ley tendrían en los estudiantes protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), ella dijo que es probable que este caso termine en las cortes.
“Sabemos que los estudiantes de DACA están protegidos por un estatuto federal por el momento, ya que todavía está en la corte”, dijo Gonzalez-Gorman. “Esa va a ser otra área donde la gente se va a oponer diciendo, ‘Oye, esto todavía está en la corte. DACA todavía se encuentra en el sistema de cortes’. Así que, ellos todavía tienen esas protecciones, de acuerdo con el estatuto”.
DACA provee protección temporal en contra de la deportación a cerca de 800,000 jóvenes que fueron traídos a los Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños, siempre y cuando puedan satisfacer ciertos requisitos, de acuerdo con whitehouse.gov.
