Expertos analizan el impacto de la orden ejecutiva de Abbott en el sistema de salud de Texas
La orden ejecutiva del 8 de agosto del gobernador Greg Abbott obliga a los hospitales de Texas a recopilar e informar sobre los costos de atención médica de los inmigrantes ilegales, lo que genera inquietudes de que los hospitales se están convirtiendo en “un tercer brazo del sistema de inmigración”, según una abogada de inmigración de Harlingen.
Abbott firmó la orden que requiere que los hospitales públicos de Texas recopilen información sobre “pacientes que no están legalmente presentes en los Estados Unidos, incluido el número de altas de pacientes hospitalizados y visitas de emergencia y el costo de la atención brindada a dichos pacientes”, a partir del 1 de noviembre.
Según la orden, las personas no pueden negarse a dar su estado.
La ley federal de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto requiere que los hospitales financiados por el seguro médico del estado (Medicare) brinden atención esencial a los pacientes que sufren emergencias relacionadas con la salud independientemente de su capacidad de pago o estado.
La abogada Aimeé A. Treviño dijo que la orden ejecutiva de Abbott entra en conflicto con la ley federal, por lo que podrían surgir demandas para evaluar su legalidad.
“Es inconstitucional”, dijo Treviño. “La Corte Suprema ha dicho que hay que brindar atención a las personas independientemente de su estatus. Entonces, ahora que tenemos una base de datos o, ya sabes, esperan tener una base de datos, las personas no buscarán atención médica. Tendrán miedo de ir al médico por una emergencia grave y ser arrestados”.
Los hospitales deben enviar la información a la Comisión de Salud y Servicios trimestralmente, y la primera presentación debe realizarse antes del 1 de marzo de 2025.
A partir del 1 de enero de 2026, los hospitales informarán anualmente al gobernador, al vicegobernador y al presidente de la Cámara de Representantes de Texas sobre los costos de la atención hospitalaria y de emergencia del año fiscal estatal anterior para los pacientes que no residen legalmente en el país.
“Se espera que [los proveedores de atención médica] pregunten: ‘¿Cuál es su estatus? ¿Puedo ver sus documentos?’”, dijo Treviño. “Y tendrán que decidir si creen que esos documentos son válidos, si son fraudulentos y, básicamente, decidir el estatus migratorio de alguien en un hospital”.
Dijo que los proveedores de atención médica no deberían ser los jueces para determinar la autenticidad del documento proporcionado por un paciente.
“Ese no es su papel”, dijo Treviño. “Solo brinden su servicio médico como se supone que deben hacerlo, como debe hacerlo un médico, como debe hacerlo una enfermera, y sigan ayudando a las personas. Porque para eso están en la profesión médica, para ayudar a otras personas”.
La orden ejecutiva dice que el gobierno federal debe reembolsar al estado los costos “que sus políticas de frontera abierta han impuesto a los tejanos, costos de los cuales el estado no tenía conocimiento y que no podría haber previsto al aceptar mecanismos compartidos de financiación de la salud bajo la premisa de que el gobierno federal cumpliría las leyes federales”.
Álvaro Corral, profesor asistente en el Departamento de Ciencias Políticas de UTRGV, dijo que la gente tendrá miedo de buscar atención médica con la orden ejecutiva.
“La campaña actual del expresidente Trump ha sido muy clara al afirmar que pretenden crear, en sus palabras, la mayor deportación de personas indocumentadas que este país haya visto”, dijo Corral, haciendo referencia a la plataforma de campaña de Trump, que se puede encontrar en donaldjtrump.com. “Y entonces, si tenemos estos datos y luego se están recopilando, puedes imaginar cómo la gente llega razonablemente a la conclusión de que deberían tener miedo, ¿verdad?
“Si busca atención médica en Texas después del 1 de noviembre y bajo una posible administración de Trump, la gente, por supuesto, está combinando esas dos cosas y obviamente está llegando a la conclusión de que probablemente tendrán miedo”.
El término “hospitales” incluye hospitales de cuidados intensivos inscritos en el seguro médico del estado (Medicaid,) el Programa de Seguro Médico para Niños y cualquier proveedor adicional identificado por la Comisión de Salud y Servicios Humanos, según la orden.
The Rider se comunicó con los funcionarios de UT Health para una entrevista sobre cómo se implementaría la orden.
Saira Cabrera, gerente de comunicaciones de la Facultad de Medicina de UTRGV, escribió en un correo electrónico el 14 de agosto que la orden ejecutiva “no afecta a UT Health RGV porque no operamos como un hospital”.
