Un abogado de inmigración de McAllen dice que el programa DACA está “en peligro” debido al último fallo de un juez federal.
“Definitivamente está en el limbo”, dijo el abogado de inmigración Carlos Moctezuma Garcia. “Mucha gente corre el riesgo de perder el beneficio que obtuvo de DACA. Estos son estudiantes de UTRGV […] médicos, abogados, maestros, directores, enfermeras, trabajadores de la construcción, contadores”.
Garcia dijo que los beneficiarios de DACA corren el riesgo de perder su permiso de trabajo, con base en la decisión tomada en el caso en el que Texas y otros estados demandaron a Estados Unidos.
El juez Andrew Hanen del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, presentó el 13 de septiembre una decisión que declara ilegal la Regla Final de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).
“Si bien comprende la situación de los beneficiarios de DACA y sus familias, este Tribunal ha expresado su preocupación sobre la legalidad del programa durante algún tiempo”, afirmó Hanen en el fallo del 13 de septiembre. “El Congreso, por diversas razones, ha decidido no aprobar una legislación similar a DACA”.
DACA, una orden ejecutiva emitida por el presidente Barack Obama en el 2012, impidió la deportación de cientos de miles de inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños y les otorgó permiso temporal para permanecer legalmente en el país.
Hanen afirmó que el tribunal debe continuar “interpretando la ley y la Constitución tal como están escritas”.
“La Regla Final fue diseñada específicamente para preservar el Memorando DACA de 2012 tal como está escrito”, escribió Hanen. “Si bien la Regla Final puede haber usado una redacción algo diferente […] las partes sustantivas son materialmente las mismas que las del Memorando DACA de 2012”.
Determinó que “no hay diferencias materiales” entre la Regla Final del 2022 y el memorando de DACA de 2012 y sostuvo que laregla de DACA de 2022 es ilegal.
Hanen finalizó el fallo afirmando que “la orden ni la orden judicial complementaria que la acompaña requieren que DHS (por sus siglas en inglés) o el Departamento de Justicia tomen cualquier acción de inmigración, deportación o penal contra cualquier beneficiario, solicitante o cualquier otro individuo de DACA que de otro modo no se tomaría”.
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El 1 de mayo de 2018, Texas, Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental presentaron una demanda contra Estados Unidos, el secretario de Seguridad Nacional, el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el subdirector y el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y el jefe interino de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Los demandantes solicitaron al tribunal que emitiera:
–una orden que prohíbe a los demandados emitir o renovar cualquier permiso DACA en el futuro;
–una sentencia declarativa de que DACA viola la Cláusula de Cuidado;
–una sentencia declarativa de que DACA es procesalmente ilegal según la APA (Ley de Procedimientos Administrativos);
–una sentencia declarativa de que DACA es sustancialmente ilegal según la APA; y
–cualquier otra reparación a la que los estados demandantes puedan tener derecho.
Garcia representa a la demandada interventora Karla Perez, “beneficiaria de DACA en ese momento”.
“En este caso, el Estado de Texas demandó a los Estados Unidos de América […] porque los Estados Unidos de América fueron la entidad que implementó DACA”, dijo. “El Estado de Texas fue uno de los estados que decidió demandar al gobierno de Estados Unidos, porque consideró que el programa era inconstitucional. Y entonces los interventores […] son las personas que realmente están siendo afectadas por este caso.
“Los beneficiarios de DACA en realidad no formaban parte del caso original hasta que intervinieron, e intervinieron con la ayuda de los abogados que los representan, de los cuales yo formo parte”, dijo. “Pero la principal organización que lidera esa acusación es MALDEF (por sus siglas en inglés), que es el Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación”.
El 16 de julio del 2021, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas sostuvo que la política DACA es ilegal, según el Departamento de Seguridad Nacional.
“El juez había dictaminado previamente que era ilegal”, dijo Garcia. “Estábamos argumentando que debido a que había un nuevo memorando, esencialmente el programa podría avanzar. Pero el juez no estuvo de acuerdo”.
Dijo que “existe la posibilidad” de que la decisión del tribunal sea revocada.
“La forma en que funciona este proceso es que ahora que el juez negó el caso, el caso será apelado ante el Tribunal del Quinto Circuito”, dijo Garcia. “Después de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito tome una decisión sobre el caso, el caso será apelado ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. … Este caso probablemente terminará en la Corte Suprema”.
“DHS continuará aceptando la presentación de solicitudes de DACA tanto iniciales como de renovación”, afirma su sitio web. “Sin embargo, de conformidad con la orden del 16 de julio de 2021 del Distrito Sur de Texas, DHS tiene prohibido otorgar solicitudes iniciales de DACA y las solicitudes adjuntas de autorización de empleo”.
El fallo no pone fin al programa DACA, que permite a casi 600,000 beneficiarios continuar renovando sus solicitudes, según el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
Garcia dijo que la decisión afecta a las personas que son elegibles para DACA.
“El gobierno de Estados Unidos no puede revisar su solicitud y determinar si califican o no”, dijo. “Así que cualquiera que actualmente no tenga DACA ya no puede obtener DACA”.
Una beneficiaria de DACA de 22 años, que fue traída al Valle del Río Grande cuando tenía “entre 3 y 4 años”, dijo que el programa le brindó más oportunidades de educación.
Durante su primer año en la escuela secundaria, hubo una excursión a College Station pero no pudo asistir.
“No me permitieron ir a esa excursión porque no era de aquí”, dijo. “Y así fue como conocí DACA. De hecho, uno de mis profesores lo hizo por mí la primera vez. Ella me lo presentó, pero yo ya lo conocía porque mi hermana [y] mi hermano ya habían obtenido DACA”.
La beneficiaria de DACA ha estado en el programa durante siete años y no está de acuerdo con el fallo de Hanen.
Otra beneficiaria de DACA, una madre de 28 años con dos hijos que está esperando otro en camino, ha estado en el programa durante unos seis años.
Tenía 11 años cuando su madre soltera la trajo a ella y a sus hermanos al Valle del Río Grande.
Cuando solicitó DACA por primera vez, no fue aceptada porque necesitaba mucho papeleo. No fue hasta la segunda vez que presentó su solicitud que ingresó al programa.
“Nos ha ayudado mucho”, dijo la mujer de 28 años. “Podemos trabajar aquí legalmente. Tenemos nuestra Seguridad Social. Pagamos impuestos como todos los demás. Tengo mi licencia. Puedo estar aquí tranquila con mis hijos porque ya no tendré miedo de que me deporten o algo así”.
Se siente “herida” por la decisión del juez Hanen y dijo que tiene una amiga que es madre soltera y que ha sido afectada por el fallo.
“Ella tiene dos trabajos y pudo enviar su documentación pero, desafortunadamente, como [las solicitudes] se detuvieron, simplemente se quedaron allí”, dijo la beneficiaria de DACA de 28 años.
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En un comunicado de prensa posterior al fallo del 13 de septiembre, el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, declaró que estaba “decepcionado por el fallo y excepcionalmente calificado para decir que el DHS cree que DACA es legal y constitucional”.
“El fallo preserva la suspensión, lo que significa que los actuales beneficiarios de DACA no perderán su protección contra la expulsión”, afirmó Mayorkas. “Pero este fallo sí socava la seguridad y estabilidad de más de medio millón de Dreamers que han contribuido a nuestras comunidades. Estados Unidos es el único hogar que han conocido”.
También afirmó que el Congreso no actuó y ahora los Dreamers enfrentan un futuro incierto “esperando recibir la protección permanente que merecen”.
“De acuerdo con el fallo, USCIS continuará procesando renovaciones de DACA y DHS continuará abogando en nombre de los beneficiarios de DACA todos los días, en los tribunales y a través de nuestras acciones”, afirmó Mayorkas. “Estamos listos para trabajar con el Congreso en una solución duradera para nuestros Dreamers”.
La administración Biden expresó su decepción con el fallo.
“El primer día de su administración, el presidente Biden emitió un memorando ordenando al gobierno federal que tomará todas las medidas apropiadas para ‘preservar y fortalecer’ la política DACA”, afirmó la secretaria de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. “La Administración ha defendido la política de DACA de impugnaciones legales y emitió una norma final que codifica esta política de larga data”.
Hanen escribió en la orden judicial suplementaria presentada el 13 de septiembre que “no se ha dictado una sentencia definitiva en este caso, por lo que todos los asuntos que no están siendo abordados por un tribunal de apelaciones aún están pendientes en este Tribunal y sujetos a su jurisdicción”.
