MARIO GONZALEZ/ THE RIDER GRAPHICS
Políticas de drogas enfocadas en erradicación y castigo deben de ser reemplazadas con unas centradas en desarrollo e integración política, económica y social, de acuerdo a un reporte por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres.
“Después de las Guerras Contra las Drogas”, publicado el 15 de febrero, es una colaboración de más de 20 expertos en un gran rango de temas, incluyendo política de drogas, seguridad, tráfico y sistemas judiciales, quienes son parte del Grupo Experto en la Economía de Políticas de Droga de la escuela.
Un grupo de firmantes, incluyendo a varios académicos, cinco galardonados con Premios Nobel y el presidente de Colombia José Manuel Santos, afirma que “la ‘guerra contra las drogas’ provocó que la comunidad internacional priorice políticas prohibicionistas ante el desarrollo sustentable a un terrible costo socioeconómico”.
De igual manera, ellos afirman que “el sistema regulatorio de drogas global debe cambiar a principios de desarrollo sustentable que incluye: salud pública, reducción de daño de consumo y suministro, acceso a medicinas esenciales y experimentación científica con regulación legal estricta”.
John Collins, director ejecutivo del Programa Internacional de Política de Drogas de LSE IDEAS, escribe en el reporte que la “guerra contra las drogas” y las políticas que esta sostiene han sido en gran parte desacreditadas.
Él menciona que líderes alrededor del mundo, incluyendo a dos jefes de estados actualmente en funciones—el Presidente Santos y el Primer Ministro Canadiense Justin Trudeau—han rechazado el enfoque anterior y en su lugar favorecen unos nuevos basados en salud pública y políticas alternativas.
“En esta nueva era, la era post-‘guerra contra las drogas’”, escribe Collins, “esferas nacionales y locales sostienen cada vez más relevancia que aquellas internacionales en determinar las selecciones de políticas y resultados”.
En su lugar, el reporte sugiere, las actuales políticas prohibicionistas de drogas deben de ser reemplazadas por unas que se alineen con las Metas de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, abordan el problema de drogas como un problema de salud pública en lugar de una criminal, enfoquen en reducir el daño causado en lugar de ignorarlo y participen en políticas de experimentación social científica altamente regulada.
Las 17 metas de Desarrollo Sustentable de la ONU, a pesar de no estar directamente destinadas a hacerle frente al problema de las drogas, priorizan el desarrollo sustentable y la integración política.
“Desde los 80s… la gente ha regularmente expuesto la necesidad de acabar la guerra contra las drogas como existe, y aun así continúa”, dijo Kenneth Cowle, un profesor de justicia criminal de UTRGV. “Esto claramente no es algo nuevo… una iniciativa [internacional] puede serlo, pero la idea de que necesitamos de alguna manera cambiar nuestro abordaje a las drogas ha existido casi toda mi vida”.
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Los Estados Unidos y México han sido dos de los países más prominentes en llevar a cabo la “guerra contra las drogas” a un gran costo económico, social y de seguridad.
De acuerdo a la Procuraduría General de la República de México, más de 164,000 personas fueron asesinadas entre 2007 y 2014; otras estimaciones lo sitúan en un número mucho más alto. Adicionalmente, más de 140,860 individuos fueron arrestados por uso de drogas, lo cual no es formalmente un crimen en México, entre 2009 y 2014.
“El costo es inmenso”, dijo Catalina Pérez Correa, una profesora e investigadora en la División de Estudios Legales del Centro de Investigación y Docencia Económicas en México y contribuidora al reporte.
“Hay miles de personas que son detenidas”, dijo Pérez. “Todas las instituciones penales y recursos de las instituciones penales [se están utilizando para atender] un problema que es básicamente un problema de salud y desviando los recursos que podrían ser utilizados para funciones más relevantes”.
La credibilidad de aquellos encargados de hacer cumplir las leyes de drogas también es una preocupación.
“Lo que es importante ver es [que] las instituciones que implementan estas reglas, en el caso mexicano… no es la policía mexicana, es la policía de Iguala, [Guerrero] que desapareció a los 43 estudiantes [de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa], es la policía de Veracruz que desapareció a los 5 jóvenes, es la policía de la Ciudad de México que es conocida por abusos y extorsiones y violaciones al debido proceso”.
Adicionalmente Pérez dijo que debido a la ineficiencia de las instituciones penales en países latinoamericanos, incluyendo a México, los consumidores están desproporcionadamente en la mira.
“La respuesta fácil es para ellos detener a consumidores que es muy fácil ubicarlos”, ella dijo. “Es muy fácil comprobarles que tuvieron, las pruebas necesarias para procesarlos, pero es muy poco productivo en términos sociales, es
muy poco provechoso”.
La “guerra contra las drogas” ha llegado a un gran costo para los Estados Unidos también.
La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas estima que el país gasta alrededor de $50 mil millones anualmente en control de drogas. Esta cantidad, parte de presupuestos estatales y federales, es la mitad de los $100 mil millones gastados anualmente alrededor del mundo estimados por Count the Costs, una colaboración entre varias organizaciones no gubernamentales que estima el costo de la ‘guerra contra las drogas’.
“Hay muy buena evidencia que en E.U.U.A. … que toda la ‘guerra contra las drogas’ ha incrementado … problemas de
salud pública, y no ha resuelto una sola cosa”, dijo Amy Hay, una profesora de historia en UTRGV.
Hay dijo que la estrategia, de hecho, causa tremendos problemas. Los usuarios de drogas son tratados como criminales primero y como personas con adicciones médicas después.
“La actual ‘guerra contra las drogas’ no busca el tratamiento, busca el castigo”, ella dijo.
Adicionalmente, Michael Shiner, director asistente del Centro de Criminología Mannheim en la Escuela de Economía de Londres y contribuidor a “Después de las Guerras contra las Drogas”, escribe que a pesar de que se cree que la aplicación pesada de leyes puede incrementar los precios de las drogas, funcionando como un tipo de impuesto, no hay casos claros en los que arrestos a gran escala interrumpieron mercados o que incautaciones a gran escala incrementaron los precios del
mercado.
“Actualmente el éxito de la política se mide con qué tantas incautaciones, qué tantas detenciones, qué tantas erradicaciones de los cultivos hay”, dijo Pérez. “La necesidad es medir de otra forma el éxito o fracaso de la política de
drogas”.
Aún cuando las esperanzas son altas y el progreso está en marcha, un cambio puede no estar tan cerca como la mayoría
querría.
“Desde el final de la administración de [Richard] Nixon y entrando a la administración de [Jimmy] Carter, todos han esencialmente estado diciendo que la ‘guerra contra las drogas’ es un fracaso, pero esto es entre gobiernos”, dijo Cowle. “Se toma para siempre para darle la vuelta”.
Aún cuando Cowle prevé un cambio incremental, no ve necesariamente uno completo.
“No puedo imaginar que cambiarían eso radicalmente, simplemente no es la manera en la que las políticas públicas suelen funcionar”, él dijo.
